Opinión: Copia de Selección y calidad educativa
La Ley de Inclusión Escolar (Ley N.º 20.845) representa un cambio de paradigma en el sistema educativo chileno, buscando cimentar una educación más justa y equitativa. Promulgada en 2015, su esencia radica en poner fin a tres pilares que históricamente generaron segregación: el lucro, la selección de estudiantes y el copago.
Por: Erick Niels Caballeri Landaeta.
Profesor de Lengua Castellana y Comunicación, Mag. en Ciencias de la Educación con mención en Currículum y Evaluación, Diplomado en Gestión Educativa, Diplomado en Liderazgo Sistémico.
El año 2015, luego de un arduo debate, se promulgó la Ley de Inclusión Escolar, la cual generó cambios relevantes en nuestro sistema educativo, tales como:
• Fin del lucro y del financiamiento compartido, eliminando el cobro en los establecimientos subvencionados.
• Gratuidad de la enseñanza en los establecimientos dependientes del Estado.
• Fin de la selección de estudiantes, estableciendo un sistema de admisión centralizado para evitar cualquier forma de discriminación.
La Reforma fue muy criticada, ya que según sus detractores no abordaba la calidad de la educación, sino más bien "consignas ideológicas" como el lucro o la selección, factores que —a su juicio— no incidían directamente en la mejora del sistema.
La pregunta central, entonces, es: ¿es cierto que el fin del lucro, la selección y el financiamiento compartido no están vinculados a la calidad educativa?
A simple vista, alguien ajeno al mundo educativo podría pensar que estas medidas respondían solo a un afán de justicia social y no a una reforma orientada a mejorar los procesos dentro de las escuelas: aprendizajes, convivencia escolar, desarrollo profesional docente, inclusión o innovación pedagógica. Sin embargo, la evidencia demostraba que gran parte de los resultados educativos no dependían de esos procesos internos, sino del origen social de los estudiantes y de un fenómeno conocido como descreme: la selección de los mejores alumnos para mostrar mejores resultados.
Este mecanismo se sostenía en pruebas de admisión, entrevistas a apoderados e incluso evaluaciones a niños de 4 o 5 años para decidir si eran "aptos" para ingresar a un establecimiento. El financiamiento compartido funcionaba como otro filtro, limitando el acceso a quienes no podían pagar una mensualidad, y en muchos casos derivaba en expulsiones arbitrarias o exclusiones por morosidad en el pago.
¿Es exagerado? No lo es. El verdadero problema era que la calidad de muchas escuelas no se sustentaba en el desarrollo de buenas prácticas pedagógicas que permiten generar aprendizajes con grupos heterogéneos, sino más bien en el perfeccionamiento de mecanismos de selección que permitieran sostener una "falsa meritocracia". El resultado fue un sistema altamente segregado, con dinámicas de discriminación y una desigualdad educativa que nos situaba entre los países con mayor segregación escolar del mundo.
Han pasado diez años desde la Reforma, pero sigue siendo necesario revisar su sentido y proyección. Si bien es correcto avanzar en mejoras, debemos evitar el retorno a la lógica de los filtros bajo etiquetas como "alta exigencia", pues ello reinstala prácticas excluyentes. Es válido que ciertos establecimientos emblemáticos mantengan un carácter excepcional, pero el desafío de fondo sigue siendo el mismo: la calidad no puede descansar en la capacidad de seleccionar estudiantes, sino en la capacidad de educar en la diversidad. Solo así podremos hablar de un sistema educativo justo, inclusivo y realmente de calidad.