El FES como Política de Justicia Social
El FES se encuadra dentro de la Ley N° 20.027 y la Ley 21.091 (Ley de Educación Superior) que proyecta establecer un sistema de financiamiento más justo y sostenible en el tiempo.
Opinión por Enrique Quiñones,
Doctorante en política educativa y Consejero COSOC-MINEDUC
El CAE, aunque diseñado para ampliar el acceso a estudios superiores, generó una profunda injusticia distributiva. En lugar de ser una inversión social compartida, el costo de la educación se transfirió a los estudiantes y sus familias, mientras que las instituciones financieras se beneficiaban de un negocio garantizado por el Estado. La carga de la deuda no solo afectó a la economía de miles de hogares, sino que también limitó la capacidad de los profesionales para desarrollarse y planificar su vida, lo que se opone directamente al principio de equidad.
Las características del FES son fundamentales para corregir la injusticia social:
Financiamiento fiscal y compromiso con el Estado: Este cambio elimina a los bancos privados del circuito de financiamiento educativo. En su lugar, el Estado asume la responsabilidad directa de financiar un derecho, garantizando que el retorno del egresado sea una contribución a la sociedad, no el pago de una deuda comercial.
Pago contingente a la renta: La propuesta de un pago máximo del 8% del sueldo es una medida de justicia social que asegura que la educación no sea una carga insostenible. Esta modalidad de pago contingente es un reconocimiento de que el valor social de un título no puede impedir el desarrollo personal y familiar.
Eliminación de barreras de acceso: Al suprimir requisitos como el puntaje PAES o la condición socioeconómica, el FES promueve una verdadera igualdad de oportunidades. Reconoce que el talento y el potencial no están limitados por el origen social o los resultados de una prueba, sino que merecen ser desarrollados en un sistema que elimine barreras estructurales.
Condonación de la deuda del CAE: La condonación parcial o total es un acto de reparación histórica hacia quienes han cargado con una deuda excesiva durante años. Es un reconocimiento de que la política anterior fue fallida y generó un perjuicio que el Estado debe remediar.